AC4178-2017

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-00860-00



Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017).




La Corte procede a decidir sobre la solicitud de cambio de radicación formulada, mediante apoderado,  por Carlos Humberto Arias Guinand, respecto del proceso declarativo de incumplimiento contractual que promovió contra la sociedad Inversiones Zoilita S.A.S.


  1. ANTECEDENTES


1. El apoderado del promotor de este trámite pretende el traslado de la mencionada actuación adelantada por el Juzgado Sexto Civil de Circuito de Cali, a los Jueces de la misma categoría y especialidad de Bogotá, por considerar afectada su seguridad e integridad y la de su poderdante.


2. En sustento de tal aspiración, señala, éste presentó una demanda de nulidad de liquidación de herencia notarial, contra Humberto Arias Bejarano y Christian Bryan Arias, la cual fue asignada al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Cali, de donde debió retirarla después de constatar que allí mismo cursaba un proceso iniciado por aquél, quien es esposo de Claudia Lorena Ordóñez Bolaños, representante legal la sociedad Inversiones Zoilita S.A.S.


Motivó también el retiro del mencionado escrito introductor, agrega, una inusual inadmisión del mismo y haberle sido imposibilitada por servidores de ese despacho, la revisión de la actuación, con menoscabo de los intereses y garantías procesales de su cliente.


Carlos Arias Guinand, expone el peticionario, le había encomendado a su contador Carlos Alberto Sarriá Posada la auditoría financiera, tributaria y contable de las sociedades Inversiones Zoilita S.A.S., Bienes S.A.S. y Capitales S.A.S., así como de los bienes de su progenitor Humberto Arias García, tarea que le permitió al citado profesional hallar algunas irregularidades incurridas por dichas sociedades en el manejo de los bienes, cuyos activos hacían parte de la masa herencial a liquidar de la sucesión testada de su padre.


Posteriormente, informa, el 24 de enero de 2015 fue asesinado el mencionado contador y por esa conducta punible, lo mismo que por las de concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico, estafa y falsedad en documento público, está siendo investigado Humberto Arias Bejarano, junto con otros implicados.


Esos hechos y la forma como procedió el «Juzgado Segundo Civil de Familia de Cali», estima, además de afectar sus garantías procesales, constituye un motivo fundado para tener como inminente la afectación de su seguridad e integridad, junto con la de su apoderado, pues «evidencia la ausencia de garantías básicas para el normal funcionamiento de la administración de justicia en la ciudad de Cali».


A pesar de la detención de Humberto Arias Bejarano en la Cárcel de Villa Hermosa de la capital del Valle del Cauca, agrega, «el hecho de ser su contraparte representa una amenaza constante, actual inminente para la seguridad de ambos, en la medida en que los procesos iniciados continúen cursando en el Distrito Judicial de la ciudad de Cali, en la que el demandado ha demostrado tener una notoria influencia».


Así como se le arrebató la vida al contador Carlos Alberto Sarriá Posada debido a la noticia sobre las irregularidades del demandado, considera el apoderado del solicitante, «un vínculo profesional con mi representado, a través del cual se cuestiona la validez de los negocios jurídicos adelantados por el señor Humberto Arias Bejarano, como son los que efectivamente se adelantan actualmente en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad de Cali, pueden dar lugar a graves e irremediables consecuencias tanto para el señor Carlos Arias Guinand como para el suscrito».


Finalmente, y luego de citar algunos apartes jurisprudenciales concernientes a los motivos que permiten un cambio de radicación, considera configurados los requisitos para que ésta sea dispuesta a los jueces de Bogotá «tendiente a brindar garantías y seguridad de los sujetos procesales en especial las víctimas» y «para que sea instruido por un funcionario objetivo e imparcial que brinde las garantías procesales establecidas por la ley y la jurisprudencia nacional e internacional».


  1. CONSIDERACIONES


1. De acuerdo con el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso, a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le compete conocer, entre otros asuntos, de los atinentes a «las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro». En consecuencia, se impone emitir la decisión a que haya lugar.


Esta medida, por demás extraordinaria, pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, logrando así, que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obstáculo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.


El comentado instituto procesal se erige, entonces, en una objetiva excepción al principio de la competencia territorial fijada en el artículo 28 del Código General del Proceso, pues la alteración emanada de circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garantías fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripción judicial en donde se adelanta el juicio.


Por ello, en punto de la procedencia de la mencionada medida residual, el precepto inicialmente citado, dispone:


«El cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes» e igualmente, «cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».


Lo anterior pone de presente que la señalada solución constituye una medida residual y extrema, pues únicamente procede, cuando la anómala situación tenga incidencia negativa en el respectivo escenario procesal y geográfico, sin que para conjurar los hechos generadores de esa irregularidad existan mecanismos jurídicos alternativos, o cuando habiéndose acudido a ellos, no se han logrado los resultados esperados.


Esas circunstancias, en consecuencia, además de su explícito señalamiento, exigen el acompañamiento de los medios de persuasión correspondientes, para        que con ese fundamento, la Sala Civil del respectivo Tribunal o de la Corte Suprema de Justicia, decida, sin más. De ahí que, según la norma en comento, «a la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretendan hacer valer y se resolverá de plano por auto que no admite recursos».


2. Respecto del mecanismo procesal que se viene analizando, esta Corporación, en providencia CSJ AC3814-2016, rad. 2016-01181-00, recordó:


«Esta figura excepcional, al decir de la Sala, (…) se constituye en una medida de protección extraordinaria para evitar la lesión de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el ánimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes confían la solución de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, sólo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (…) a.-) Factores que puedan perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías en el trámite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (…) b.-) Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos (…)».


Referente a las circunstancias señaladas en el literal «a)» del anterior precedente, la Sala, en decisión CSJ AC3096-2017, precisó:


«La afectación del orden público a que se refiere la norma dice relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generan zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta.


Así, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podría poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administración de justicia podrían resultar lesionadas.


De igual modo, es factible que episodios de esa misma índole tengan la magnitud de incidir en la práctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaración; se obstruye la aportación de documentos; o se interfiere en la realización de una inspección judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garantías procesales.


Tales disturbios o anomalías, además de deteriorar la vida en armonía de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administración de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso específico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia».


Y, en cuanto a las «deficiencias de gestión y celeridad de los procesos», aludidos en el literal «b)», en el mismo proveído anterior, explicó:


«En estos casos no se entra a analizar o discutir el contenido de las providencias que se dictan al interior del litigio, pues tal causal se refiere a la insuficiencia en el impulso o la marcha del proceso y no al mérito de las decisiones que en él se hayan proferido.


El retraso en el diligenciamiento de la actuación puede deberse, por ejemplo, a problemas estructurales o coyunturales de congestión de un despacho, o de los juzgados de toda una área, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad».


Si la celeridad es un principio fundante de la administración de justicia, como se desprende del artículo 228 de la Constitución Política, expresamente consagrado en el 4º precepto de la Ley 270 de 1996, que reclama de sus jueces prontitud y cumplimiento en los términos establecidos para la tramitación de los asuntos bajo su conocimiento, no hay duda de que la dilación injustificada, compromete la gestión del director del proceso, desconoce las garantías procesales y, en compendio, lesiona el debido proceso.


No obstante, cuando de aspectos endoprocesales se trata, en principio, será al interior de la respectiva actuación y mediante los instrumentos legalmente previstos, dentro de ellos, los recursos, impedimentos, recusaciones, nulidades etc., la manera como la parte afectada debe intentar conjurar esas situaciones de ineficiencia.


Sólo en el evento en que se acredite la ineficacia de éstos y que la independencia e imparcialidad del juzgador se hallan comprometidos de tal forma que menoscaban las garantías procesales, podrá, previo el concepto de la Sala Administrativa del Consejo superior de la judicatura, considerarse la procedencia del indicado mecanismo excepcional y residual.


En cuanto atañe a las referidas salvaguardias pretendidas con el cambio de radicación, la Sala, en proveído CSJ AC 17 jun. 2013, rad. n° 2013-00311-00, indicó:


«Las garantías procesales deben ser entendidas como el conjunto de prerrogativas que el ordenamiento jurídico le otorga a las partes en aras de salvaguardar la situación de igualdad de todas ellas entre sí, y también en relación con el Estado, lo que revela, además, una íntima vinculación con el derecho fundamental al debido proceso, pues inherente a su ejercicio se han concebido diversos mecanismos en beneficio de los intervinientes en la litis.

(…)

No obstante el amplio espectro que de las garantías procesales existe, mal podría interpretarse su afectación como una causal etérea o ambigua que pueda alegarse en forma genérica, pues como se advirtió en precedencia, los eventos establecidos en el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso obedecen a una situación grave que por tal razón demanda una actividad argumentativa en el proponente de la solicitud de cambio de radicación, tendiente a concretar el hecho o hechos en que afinca lo que considera su vulneración, y, desde luego, precisar las garantías que asegura se han visto afectadas en el trámite de un proceso específico».


3.  En el presente asunto, en sentir del apoderado judicial del señor Carlos Humberto Arias Guinand, la medida extrema y excepcional por él solicitada se justifica porque el trámite del proceso declarativo de incumplimiento contractual seguido en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali contra la sociedad Inversiones Zoilita S.A.S., de la cual es representante legal la señora Claudia Lorena Ordóñez Bolaños, esposa de Humberto Arias Bejarano, no cuenta con las «garantías básicas para el normal funcionamiento de la administración de justicia en la ciudad de Cali», debido a que éste «representa una amenaza constante, actual inminente para la seguridad de ambos», no obstante hallarse privado de la libertad, pues además, «ha demostrado tener una notoria influencia» en ese territorio.


4. Al analizar los supuestos fácticos sobre los cuales se edifica la solicitud de cambio de radicación del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali al correspondiente homólogo de éste, en la ciudad de Bogotá, es evidente la insuficiencia de la carga argumentativa y probatoria que permita considerar la viabilidad de esa medida extrema.


En efecto, el escrito petitorio carece de información precisa respecto de las circunstancias que allí constituyen alteración del orden público, con capacidad para afectar la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia. Tampoco refiere y menos acredita los hechos constitutivos de una deficiente gestión por parte del juzgador o comprometedoras de la celeridad en el trámite del proceso declarativo de incumplimiento contractual, a cargo de éste, y en síntesis, el requirente no identificó las garantías procesales que resultaban conculcadas con la tramitación de la aludida controversia en el despacho judicial en donde cursa y que ameritara su extracción de allí.


Al no existir queja alguna sobre el actuar procesal del Juez Sexto Civil del Circuito de Cali en el trámite de la acción declarativa aquí referida y menos que comprometan su honorabilidad, moralidad o probidad, como tampoco que esté siendo objeto de influencias indebidas, presiones o amenazas provenientes de alguno de los intervinientes en dicho proceso o de terceros interesados en los resultados del mismo, con entidad para desconocer las garantías procesales, es claro, que por este aspecto, decae la solicitud de cambio de radicación, mayor aún, cuando tampoco fue aportado el concepto previo que en tal sentido debe emitir la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.


La inconformidad, por el contrario, pareciera estar dirigida al trámite de la demanda de «nulidad de liquidación de herencia notarial» promovido por el solicitante de este cambio de radicación, asignada al Juzgado Segundo de Familia de la mencionada ciudad y de dónde, según se informa, fue retirada para, en su lugar, formular cuatro demandas, dentro de ellas, la repartida al Juzgado Sexto Civil del Circuito, cuyo traslado a Bogotá, ahora se pretende.


Ese descontento también se percibe respecto de otra actuación adelantada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la referida localidad, como se expone en escrito allegado con posterioridad a la asignación del cambio de radicación a este despacho de la Corte.


Si ello es así, las situaciones allí presentadas se muestran ajenas al proceso declarativo que nos ocupa en el cual se busca la declaratoria de incumplimiento contractual de la empresa Inversiones Zoilita S.A.S., y por lo mismo, no pueden tenerse como justificación suficiente para acoger el cambio de radicación pedido.


De todas formas, si hipotéticamente se admitiera la presencia de alguna irregularidad en el trámite de ese juicio, pues se repite, no se allegó ninguna prueba demostrativa de hechos arbitrarios emanados del sentenciador y menos comprometedoras de su rectitud e imparcialidad, es claro que las mismas, como atrás se dijo, pueden combatirse mediante los mecanismos y recursos legalmente previstos, no sólo al interior de él, sino acudiendo a los organismos de control judicial y administrativo, o haciendo uso de las acciones constitucionales, disciplinarias y hasta penales, según el caso.


5. En cuanto a la afectación de la seguridad e integridad del peticionario y de su apoderado, esgrimida igualmente como sustento de la indicada solicitud y que los mismos consideran estructurada de mantenerse el proceso en el Juzgado de la capital del Valle del Cauca, debe señalarse que dicho argumento carece de contundencia para acceder a lo impetrado, al no sustentarse en hechos concretos, ciertos o probables de que en realidad, aquellos se encuentran en riesgo.


El fundamento del peligro referido en el petitorio, se presenta etéreo e indemostrado y por lo mismo, desprovisto de fuerza para lograr el traslado de la actuación a la capital de la República.


Si bien es cierto se adjuntó fotocopia de unos documentos, al parecer emanados de la Fiscalía Séptima Especializada de Cali y de una nota periodística en donde se alude al homicidio de Carlos Alberto Sarriá Posada y a la perpetración de otras conductas, inclusive punibles, en las cuales, se dice, están involucradas varias personas dentro de ellas, Humberto Arias Bejarano, también lo es, que de ese material no se extrae la presencia de amenaza o afectación alguna a la seguridad e integridad corporal o moral de quien aquí solicita la medida excepcional objeto de análisis o, de su apoderado.


Tampoco acreditan que dicho ciudadano, por demás privado de la libertad, según se refiere, pueda inmiscuirse, de manera irregular, en la emisión de las decisiones a cargo del Juzgado Sexto Civil del Circuito, en donde cursa la controversia que se pide reubicar en Bogotá, con menoscabo de las garantías procesales del aquí peticionario del cambio de radicación.


No obstante, de existir alguna situación que ponga en peligro la integridad del solicitante y de su abogado, los afectados pueden neutralizar esa irregular situación a través de mecanismos diferentes a la modificación de la competencia territorial, como sería acudiendo ante las autoridades competentes para solicitar protección y, por supuesto, poner en conocimiento el riesgo en que se hallan o las amenazas de que son objeto.


6. Por lo demás, no se menciona de qué manera el cambio de radicación podría evitar el despliegue de eventuales conductas hostiles en contra del peticionario y de su apoderado judicial, pues como ya se expuso, los hechos que lo sustentan descansan en una contingencia incierta, hipotética y subjetiva, en cuanto a que Humberto Arias Bejarano, que valga destacar, es ajeno al proceso que se pretende trasladar, puede llegar a influenciar de manera lesiva las decisiones judiciales y atentar contra la seguridad e integridad de aquéllos.


En tales condiciones, como los hechos denunciados no configuran ninguna de las causales previstas en la ley para acceder al cambio de radicación, ni se allegaron pruebas que las acrediten, el respectivo pedimento habrá de ser negado.


No se olvide, que las circunstancias generadoras de tal solicitud deben hallarse suficientemente demostradas desde el mismo momento en que se acude a este mecanismo excepcional, pues su trámite no involucra la práctica de pruebas, ni conlleva el adelantamiento de diligencia alguna tendiente a investigar o establecer los hechos configurativos del cambio de radicación.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO. NEGAR la solicitud de cambio de radicación propuesta mediante apoderado, por Carlos Humberto Arias Guinand, respecto del proceso declarativo de incumplimiento contractual que éste promovió contra la sociedad Inversiones Zoilita S.A.S., cuyo trámite se halla a cargo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali.


SEGUNDO. ADVERTIR que contra esta determinación no proceden recursos.


TERCERO. ARCHIVAR la actuación aquí surtida.



Notifíquese y cúmplase.





LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Magistrado)